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Misterio

Pericias sólo a los mapuches

La investigación de la muerte de Rafael Nahuel.

A nueve meses del asesinato de Rafael Nahuel la justicia federal de Bariloche se empeña en imputar y detener a sus compañeros, mientras el prefecto Francisco Javier Pintos –que fue indagado por haber sido identificado como el autor del disparo que hirió por la espalda y mató al joven– goza del beneficio de la excarcelación y sigue siendo parte de la Prefectura Naval. El juez Gustavo Villanueva requirió una nueva pericia sobre la ropa de la víctima y de los dos jóvenes mapuches que trasladaron su cuerpo, Fausto Jones Huala y Lautaro Gonzales, para buscar restos de disparos que abonen la teoría de que en territorio recuperado de Villa Mascardi hubo un enfrentamiento armado. La defensa de Jones Huala y Gonzales salió al cruce del magistrado, a quien acusó de haber “bloqueado” su intervención en este expediente que investiga las circunstancias en las que fue asesinado “Rafita”, como lo llamaban, con su última resolución porque le impidió presentar perito de parte en la nueva medida ordenada.

“Literalmente nos han sacado de la cancha, el juez Villanueva también rechazo la participación como querellante en la causa de la APDH, provocando una desigualdad alarmante a la hora de realizar un efectivo control sobre las actuaciones, y ahora todo esta en manos de la fiscalía, el juez, la Prefectura y la Gendarmería”, denunció ante PáginaI12 el abogado Matías Schraer, defensor de los mapuches junto a Sonia Ivanoff.

Villanueva solicitó que se perite la ropa de los dos jóvenes mapuches y del propio Rafael Nahuel a la búsqueda de restos de disparos o pólvora. El magistrado invocó presuntos “faltantes” en el peritaje realizado por Gendarmería en febrero, pero las fuentes consultadas por este diario consideraron llamativo que no se haya realizado un minucioso análisis sobre la presencia de pólvora en las ropas desde el 25 de noviembre, cuando se produjo la incursión de los Albatros en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a unos treinta kilómetros de Bariloche. Cuando el expediente se encamina a esclarecer la responsabilidad material del cabo primero Pintos en el asesinato, a partir del indubitable peritaje balístico que arrojó que fue quien disparó, Villanueva decide volver sobre las prendas. El nuevo peritaje fue encargado a la dirección de Criminalística de Gendarmería, es decir otra fuerza de seguridad con vínculos con el ministerio de Seguridad de Bullrich, y cuestionada por su accionar represivo en la muerte de Santiago Maldonado. Además, el pedido del magistrado coincide con la nulidad que podría surgir de la pericia sobre presencia de pólvora en las manos tanto de prefectos como de mapuches, cuestionada por la querella –representación de la familia de Rafael Nahuel–, y por los abogados de Jones Huala y González. Si ese estudio se cae, no quedará en el expediente ningún elemento que permita sostener la idea del enfrentamiento.

El abogado Schraer explicó la gravedad de la situación. “No nos deja designar un perito de parte para el peritaje de la ropa, mientras que las abogadas de Pintos nombraron al jefe de Criminalística de la Prefectura como su perito, con lo cual esta medida la harán Gendarmería y Prefectura, por eso apelamos”. La decisión del juez Villanueva, que sigue la línea planteada por la sala III de la Cámara de Casación que revocó la excarcelación de Fausto y Lautaro, estableció que “desde el dictado de rebeldía de los encausados, ninguna legitimación tienen Schraer ni Ivanoff para formular peticiones en este expediente”. Schraer fundamentó que “la doctrina mayoritaria sostiene que la rebeldía o ausencia no anula los derechos y garantías que resultan de la condición de imputado”, y agregó que “Villanueva emplea una excesiva rigurosidad jurídica aplicando la teoría del derecho penal ‘de enemigo’, y con su decisión vulnera principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

En este sentido, no es un detalle menor el hecho de que la sentencia que declara la rebeldía de Fausto y Lautaro no está firme. El nuevo peritaje, según los defensores de los mapuches, “es la última instancia que le queda tanto a la fiscalía como al juez para ‘encontrar’ alguna evidencia que sostenga, a esta altura, la inverosímil versión del enfrentamiento armado que alimenta el Ministerio de Seguridad”.

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