El Ejecutivo enviará una batería amplia de medidas para asistir a las personas gestantes, no sólo a las que quieren interrumpir su embarazo sino a las que desean continuarlo. La posición del colectivo de mujeres sobre la iniciativa y los números en el Parlamento. El rol de Vilma Ibarra.

Por primera vez desde la llegada de la democracia, un presidente firmará un proyecto de aborto legal que ingresará al Congreso enviado por el Ejecutivo para su tratamiento y sanción. Este diario accedió a la redacción de algunos de sus párrafos, en los que se propone una iniciativa “integral” que tenga “el objetivo de acompañar desde el Estado a todas las mujeres y personas gestantes, sea cual sea su decisión, garantizando el acceso a la salud y a la libre elección de un proyecto de vida social y económicamente digno”. La fecha estimada por el oficialismo para que la ley sea una realidad es mayo.

“Voy a enviar al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto y que permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública”, dijo Alberto Fernández, el pasado  miércoles 5 de febrero en Francia.

Según confirmaron fuentes involucradas en la elaboración de esta iniciativa política, los proyectos de ley serán dos: uno para garantizar la legalidad del aborto y otro para acompañar los embarazos deseados. Desde el Ejecutivo confirmaron que ambas iniciativas serán enviadas de manera conjunta al Congreso, ingresarán por la Cámara de Diputados. Se espera que su tratamiento no tenga la velocidad que tuvieron las leyes de emergencia, pero tampoco que se dilate o cajonee.

Todavía la comisión de Salud, una de las involucradas en el tratamiento, no está conformada. Además de Salud, integrarían el plenario Legislación General y Mujer, una comisión nueva.

La lapicera principal que redacta ambas iniciativas es la de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. A ella se le suma la coordinación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, y el de Salud, que encabeza Ginés González García, el primer funcionario de alto rango en pronunciarse a favor del aborto legal en 2005.

También están involucrados los ministerios de Desarrollo Social y Justicia.

El texto que intentará legislar la interrupción voluntaria del embarazo prevé despenalizar y legalizar el aborto en las primeras 12 o 14 semanas de gestación. Más allá de ese plazo ya corre la legislación actual para los casos previstos en el Código Penal, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación.

Gómez Alcorta sumó su voz: “Sabemos de la voluntad política clara del presidente de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de legalización de la interrupción legal del embarazo”. “Nosotras acompañamos la decisión del Poder Ejecutivo entendiendo que hay que  hacer una lectura en clave de salud pública. La principal tasa de mortalidad materna está vinculada a los abortos clandestinos y sabemos que tiene mayor impacto en las mujeres que no pueden acceder de manera segura al aborto. En ese sentido no creo que haya llamado la atención la iniciativa, ni tampoco las tensiones que genera, que son lógicas y respetables. No sorprendió en lo más mínimo”, sostuvo Alcorta en declaraciones a la prensa.

Las iniciativa legislativa en la que se está trabajando propone “garantizar el acompañamiento social y económico del Estado a todas las personas gestantes bajo proceso de gestación y durante los primeros días de vida de los niños”. “El objetivo es acompañar desde el Estado a todas las mujeres y personas gestantes, sea cual sea su decisión, garantizando para el acceso a la salud y a la elección libre de un proyecto de vida social y económicamente digno”, dice parte del texto.

Fuentes gubernamentales confirmaron a Tiempo que el trabajo de elaboración es “interdisciplinario, integral y amplio”, despeja toda duda sobre la legalización y atención en centros públicos de salud –tal como ya dijo en reiteradas oportunidades el presidente Fernández, durante la campaña y ya en ejercicio de la presidencia– y hace eje en la medida como una necesidad de salud pública. A su vez, el gobierno presentará otro proyecto integral para aquellas personas que quieran continuar con el embarazo. También se evalúa desarrollar una propuesta de mejora del sistema de adopción y un plan para ampliar el funcionamiento de las casas de tránsito.

En paralelo, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito festejó la iniciativa y destacó que el proyecto del Ejecutivo suma voluntades a las ya existentes y evalúan que la victoria en Diputados será contundente al a vez que estiman que en el Senado la cuenta será más ajustada. Sin embargo, al contar con la voluntad del gobierno nacional, no sólo pueden sumar votos que se alineen por organicidad sino que a su vez, se pueden explorar formas creativas de llegar a la mayoría. De hecho, en la Cámara Alta recuerdan cuando Cristina Fernández viajó a China junto a dos senadoras que se oponían al matrimonio igualitario y así se pudo conseguir una votación favorable para esa ley en el recinto más conservador del Parlamento.

Por lo pronto, el movimiento feminista tiene cita para el miércoles 19 de febrero frente al Congreso y en todo el país. Será para demandar a los legisladores nacionales la sanción de este postergado derecho con festivales, asambleas, vigilias, performances, pañuelazos.

El proyecto de la Campaña, que recoge lo aprobado por la media sanción en Diputados, tiene vigencia parlamentaria, ya que fue presentado el 28 de mayo de 2019. Se evalúa que el dictamen del plenario de comisiones puede recoger ambas iniciativas –que son muy similares– y llevar una propuesta unificada al recinto.

Desde la Campaña evalúan que el proyecto de acompañamiento a embarazos deseados ayuda a saldar dicotomías falsas. “El Estado tiene que garantizar la decisión siempre, cuando querés ser mamá y cuando no querés”, aseguró Vicky Tesoriero, miembro de la Campaña. “Con la sanción de la ley se termina una etapa de lucha y se abre una nueva,  de garantía de derechos”, sintetizó. «

La militancia de Vilma

Está claro que Vilma Ibarra no debe a su cargo de secretaria Legal y Técnica el encargo de redactar los proyectos sobre aborto. En rigor, viene haciendo méritos para afrontar esta tarea tan sensible desde hace décadas, como activa militante de los derechos sexuales y reproductivos. Impulsora de la Ley de Matrimonio Igualitario cuando presidía, como diputada, la comisión de Legislación General, Ibarra ya había presentado en 2006 un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, entonces como senadora del Frente Grande. Depositaria de toda la confianza de Alberto Fernández –fueron pareja hace muchos años–, Vilma no se calla: en diciembre, en la primera reunión del presidente con empresarios y sindicalistas, criticó públicamente que no hubiera mujeres en la foto.

La militancia de Vilma

Está claro que Vilma Ibarra no debe a su cargo de secretaria Legal y Técnica el encargo de redactar los proyectos sobre aborto. En rigor, viene haciendo méritos para afrontar esta tarea tan sensible desde hace décadas, como activa militante de los derechos sexuales y reproductivos. Impulsora de la Ley de Matrimonio Igualitario cuando presidía, como diputada, la comisión de Legislación General, Ibarra ya había presentado en 2006 un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, entonces como senadora del Frente Grande. Depositaria de toda la confianza de Alberto Fernández –fueron pareja hace muchos años–, Vilma no se calla: en diciembre, en la primera reunión del presidente con empresarios y sindicalistas, criticó públicamente que no hubiera mujeres en la foto.

(Foto: Soledad Quiroga)