La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y la Asociación de Fiscales advierte en un comunicado conjunto que el cambio impulsado por el gobierno “viola normas constitucionales y fallos de la Corte Suprema”. La reacción no es tanto por el cariz del proyecto sino por la forma sorpresiva en que fue presentado

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y la Asociación de Fiscales advirtieron que el proyecto de reforma del sistema previsional que impulsa el gobierno para la Justicia viola normas constitucionales y fallos de la Corte Suprema. “La función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes”, sostuvieron en un comunicado conjunto.

“Reclamamos la participación de las Instituciones representativas en la discusión del Proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados”, postula el documento, firmado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Marcelo Gallo Tagle.

El documento es la respuesta institucional de la corporación judicial al envío del proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces, fiscales y defensores oficiales, que ingresó el viernes a las 19.30 al Congreso y cayó como una bomba. “Ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como el de nuestros magistrados y funcionarios”, aseguran.

“Por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”, los funcionarios pidieron el debate del proyecto con su propia participación.

Los funcionarios judiciales admiten que la reacción no es tanto por el cariz del proyecto (que, reconocen, “no es tan terrible”), sino por la forma sorpresiva en que fue presentado. Había un canal de diálogo fluido y permanente con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, con quien mantienen una fluida relación y confiaban en ella, aseguran.

Pero el proyecto de ley, suponen, excedió a Losardo. “Ella no hubiera mandado esto, ni de esta manera”. Intuyen que por allí anduvo la mano del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y acaso el director del ANSES, Alejandro Vanoli.

Creen que el régimen jubilatorio del Poder Judicial, al que se niegan a calificar como “de privilegio”, terminó siendo una suerte de moneda de cambio ante un anuncio controversial sobre el aumento a los jubilados en general, que benefició a los de la mínima pero acható a los que cobran un poco por encima de ese límite.

Cuando se resolvió que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias, la fórmula de síntesis que permitió superar las controversias fue que ese nuevo régimen se aplicara a los funcionarios que ingresaran desde 2017 al Poder Judicial.

¿Podría ser ese antecedente una base de negociación también para las jubilaciones? “El escenario para negociar era hasta el viernes. Una vez que presentaron el proyecto, las posibilidades de negociación se redujeron sustancialmente”.

¿Entonces? Entonces comienzan a escucharse, a lo lejos pero no tanto, tambores de guerra. Hay sectores talibanizados que plantean declarar la inconstitucionalidad de la ley una vez que sea sancionada porque vulnera derechos adquiridos, y otros recomiendan una avalancha de juicios precedidos de medidas cautelares que frenen por todas las vías judiciales posibles la aplicación de la nueva normativa.

Un sector más moderado advierte: “estamos reaccionando como una casta, privilegiando nuestros intereses en un escenario complicado. ¿Con qué cara vamos a defender jubilaciones de 400 ‘lucas’ contra un docente que cobra 17 mil?”.

Hay, también, un tercer sector, juvenil, progresista y que no proviene estrictamente de la familia judicial, que está dispuesto a aceptar la modificación (y el fin de los privilegios) ya mismo. No sólo sin chistar, sino adhiriendo fervorosamente a ese gesto “solidario” desde el Poder Judicial.

Lo único que proponen a cambio es discutir las restricciones que los funcionarios judiciales tienen para otros emprendimientos económicos. Hasta ahora, sólo les está permitido ejercer la docencia como actividad rentada. “No podemos poner ni un quiosco a nuestro nombre. Si vamos a ser iguales a todos, pues seámoslo en todos los sentidos”, preconizan.

Este último es un sector minoritario y con poco peso a la hora de la toma de decisiones corporativas.

Por Néstor Espósito