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Misterio, Suseso

Apertura de sesiones ordinarias 2020: En qué consiste la reforma a la Justicia de Alberto Fernández

“Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos”, afirmó.
El mandatario no precisó detalles del cambio, que estarán en la ley, pero este diario averiguó que a los 12 jueces federales se sumarán los diez magistrados del fuero penal–económico y unos 30 del fuero Correccional y Criminal Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández trazó los lineamientos de un amplísimo cambio en la Justicia. Por lo pronto, anunció que envía una ley para transformar el fuero federal, que a través de los 12 jueces de Comodoro Py, monopolizó las maniobras de persecución de los dirigentes opositores. El mandatario no precisó detalles del cambio, que estarán en la ley, pero este diario averiguó que a los 12 jueces federales se sumarán los diez magistrados del fuero penal–económico y unos 30 del fuero Correccional y Criminal Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Eso llevaría a diluir el poder de lo que fueron los Bonadío y compañía. En el mismo sentido va la decisión de acelerar el establecimiento del sistema acusatorio, que rige en gran parte de las provincias y en el mundo entero: los que instruyen, piden pruebas, ordenan pericias, citan testigos, son los fiscales. Los jueces pierden protagonismo, aunque tienen el control del proceso. Finalmente –tal como adelantó Página/12 el domingo pasado– se creará el Consejo para Afianzar la Administración de Justicia, que impulsará cambios en normativas que tengan que ver, por ejemplo, con la actuación de la Corte Suprema. Se dice que en ese Consejo estarán, por ejemplo, León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Carlos Beraldi y juristas de distintas orientaciones.

Limitar I

El presidente diagnóstico que “nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.

En buen romance, ese párrafo implica reducir el poder insólito que tuvieron durante más de dos décadas los magistrados federales de Comodoro Py. Entre esos 12 jueces se sorteaban todos los casos de corrupción, más los de narcotráfico, secuestros y tráfico de personas. Ese monopolio los hizo famosos, entre otras cosas porque los servicios de inteligencia operaron a través de la mayoría de ellos.

Habrá que ver la letra chica del proyecto pero, en principio, se unirán los jueces federales con los de penal económico y, además, unos 30 magistrados del fuero criminal y correccional nacional ordinario que actúan en la Ciudad de Buenos Aires. Son los que investigan los crímenes –por ejemplo el de Angeles Rawson–, robos, abusos sexuales y otros delitos que no están en la lista de los que le dan intervención a la justicia federal. En ese fuero hay más de 50 magistrados de los cuales unos 30 pasarían a la nueva justicia federal y el resto se transferirían a la Ciudad de Buenos Aires.

De esa manera, cualquier caso que, por ejemplo, debe afrontar un dirigente político ya no se sortearía entre los 12 jueces de Comodoro Py sino entre más de 50. Se limita fuertemente el poder de los magistrados que han sido, virtualmente, los dueños de la pelota.

Limitar II

Alberto Fernández también anunció limitaciones en otro fuero, el contencioso–administrativo, que es el que resuelve todos los litigios relacionados con el estado. Por ejemplo, Cambiemos tenía la idea de pedir la nulidad de la sesión sobre las jubilaciones de los jueces precisamente en ese fuero. También esos magistrados, que son unos seis o siete, son los que se pronuncian sobre aumentos de tarifas y la mayor parte de los juicios contra el estado.

En este terreno, también el presidente anuncio que el fuero se unifica con el fuero civil y comercial federal. De esa manera, el cálculo es que el sorteo de cualquier litigio será entre más de 20 jueces.

Limitar III

Seguramente la mayor transformación se producirá con la puesta en marcha del sistema acusatorio, algo que también anunció el mandatario. Ese cambio no requiere de ley porque la norma ya fue votada en el Congreso, pero Mauricio Macri nunca la quiso poner en marcha, justamente, porque le hacía perder poder a sus jueces preferidos.

El sistema hoy ya se aplica en casi todas las provincias y en el mundo entero. Quien investiga y acusa es el fiscal, no el juez. Por lo tanto es el que pide las pericias, convoca los testigos y junta las pruebas para formular la acusación. Cuando hay medidas que tienen que ver con la libertad individual –allanamientos, detenciones–, el fiscal le pide la orden al juez. Y finalmente el magistrado es el que tiene la última palabra en cuanto a prisiones preventivas, procesamientos y sobreseimientos.

Como es obvio, el sistema le quita poder a los jueces que dejan de ser los verdaderos protagonistas del expediente. Es algo que se pudo ver, por ejemplo, en el caso de los rugbiers: el centro de la investigación estuvo en manos de la fiscal, Verónica Zamboni, mientras que el juez David Mancinelli intervino en las decisiones de fondo. En la Provincia de Buenos Aires existe, desde hace rato, el régimen acusatorio que ahora se acelerará en el nuevo fuero federal.

Narcos

El presidente dedicó un párrafo extenso a la situación en Santa Fé y, más específicamente en Rosario, con la crisis producida por las bandas de narcotraficantes. El mandatario anunció que se crea una nueva sala en la Cámara de Apelaciones de Rosario, con una secretaría específicamente dedica al narcotráfico. También se designarán más fiscales en esa zona.

El presidente igualmente adelantó que se crea un juzgado, fiscalías y defensoría en San Lorenzo, ciudad y puerto en los que también hay una crisis vinculada con el narcotráfico.

Consejo

Tal como adelantó el periodista Mario Wainfeld en Página/12 el domingo 23 de febrero , el Presidente confirmó que se creará un Consejo para Afianzar la Justicia en la República Argentina. Tratará todos los proyectos que tengan que ver con cambios en materia judicial. Por ejemplo, el presidente –que es profesor universitario de derecho penal– considera que hay problemas en el funcionamiento de la Corte Suprema, a la que se puede llegar con demasiada facilidad mediante recursos extraordinarios. Alberto Fernández dijo que debería haber una limitación a esos recursos y, por lo tanto, se buscaría no recargar el trabajo de los supremos.

Los otros temas que trataría ese Consejo serían mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura, avanzar con el juicio por jurados y fortalecer al Ministerio Público, que son los fiscales. Como se sabe, Fernández impulsa al juez Daniel Rafecas como procurador para relanzar todo el trabajo de los fiscales.

Para integrar el Consejo se habla de León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Carlos Beraldi y otros juristas y profesores universitarios de distintas orientaciones y formaciones.

 

Como se ve, todos los objetivos son más que ambiciosos. Pero no será nada fácil la implementación. En la Argentina y en muchos otros países del mundo, la justicia se utilizó como instrumento para la persecución de los partidos y figuras que no están alineados con el neoliberalismo. Se vio en Brasil con Lula, en Ecuador con Rafael Correa y recientemente en Bolivia, con Evo Morales. Y se percibió también en esta misma semana con la extraña defensa de Cambiemos de las voluptuosas jubilaciones de los jueces.

Imagen: Bernardino Avila

 

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